Morelia, Mich. 30 de junio del 2013.- “El Derecho a la educación es un derecho primordial, es la base del adecuado ejercicio de los demás derechos, pilar de la democracia y por ello debe protegerse por todas las vías a nuestro alcance” señaló la Doctora Rosa María De la Torre, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Encuentro “Derechos Humanos, Jurisprudencia y Presupuestos de la Ética”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de la Judicatura Federal.
Dicho evento contó con la participación de especialistas en materia de derechos humanos provenientes de distintos centros de investigación, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas del País.
Fue en la mesa denominada “Acciones colectivas y control de la legalidad”, moderada por la Ministra Olga Sánchez Cordero, donde la jurista michoacana recordó que las acciones colectivas son procedimientos que tienen como objetivo controlar la legalidad y la constitucionalidad de actos de autoridades y de particulares y que se incorporaron muy recientemente a nuestro sistema jurídico, con la reforma de 2010 al artículo 17 de la Constitución federal y con las reformas a las leyes secundarias en vigor desde enero de 2012.
Actualmente estas acciones proceden, solamente, contra la violación de los derechos de los consumidores o contra la violación de los derechos al medioambiente. Sin embargo, la innovadora propuesta de la investigadora nicolaita, es extender el radio de acción de estos procedimientos a la salvaguarda de otros derechos, igualmente fundamentales, como el derecho a la educación y a la salud al considerar que éstos últimos, si bien son derechos individuales, su ejercicio efectivo tiene un impacto en toda la sociedad. Señaló además que, la experiencia del Derecho constitucional de otros países y el propio marco constitucional permiten que los jueces de distrito conozcan, por esta vía, de las violaciones al derecho a la educación.
La Ministra de la SCJN Olga Sánchez Cordero, señaló que la propuesta es reveladora y digna de llevarse a cabo. La juzgadora coincidió plenamente con la ponente en el sentido de que la educación es un derecho primordial, sin el cual no pueden ejercerse a cabalidad el resto de derechos, por lo que debe ser protegido por todas las vías, incluyendo las acciones colectivas.
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